México: Los políticos, los indígenas y la izquierda
Juan Sosa Maldonado
Insurge
Mientras los tempestuosos vientos de descomposición de la clase política siguen arreciando, mientras que los políticos continúan arañándose entre sí, mientras que una parte de la izquierda se sumerge en el mar de las componendas y los amarres burocráticos, los indígenas del país y de Oaxaca nos encontramos en la pobreza y en la exclusión. Así, los usos y costumbres de quienes mal nos gobiernan, pisotean la dignidad de los indígenas y hacen que se impongan sus intereses personales o de grupo a las necesidades del pueblo.
Hoy los diversos sectores de México somos espectadores del show mediático de los que por años sólo se han beneficiado con la fortuna mal habida, de los que han usado la defensa de los desprotegidos para sacar ganancia política, de los que con el tiempo vuelven aparecer a la escena con un lenguaje demócrata y progresista, pero que detrás de ese pelaje está la esencia represiva como la de Diódoro Carrasco Altamirano.
Mientras tanto, los habitantes de la Región Loxicha, siguen viviendo en la extrema marginación y pobreza, mismas que desde 1996, en el sexenio diodorista, se agravaron por la guerra de baja intensidad que se inició contra los indígenas zapotecos por su presunta pertenencia al Ejército Popular Revolucionario, EPR. Aunque el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la Región Loxicha, sugiere la creación de una fiscalía especial para investigar y sancionar a los responsables del etnocidio en Loxicha, de igual modo propone la participación de los tres niveles de gobierno para resarcir los daños a los habitantes y promover el desarrollo integral de la Región.
Y por su parte, el Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, de la ONU, emite recomendaciones puntuales, entre otras, que:
Es urgente revisar los expedientes de todos los presos indígenas en los fueros federal, civil y militar para detectar y, en su caso, remediar las irregularidades.
Deben promulgarse leyes de amnistía general a nivel federal y estatal en beneficio de presos y perseguidos indígenas por sus actividades políticas y/o sociales.
El gobierno debe proceder con urgencia a desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares o civiles armados que operen en regiones indígenas.
Así, los tres niveles de gobierno tienen responsabilidad por comisión y/o por omisión, máxime que la falta de cumplimiento a los compromisos establecidos y el enrarecimiento del clima político nos sitúan a defensores e indígenas en un grave riesgo. Y no debemos seguir esperando, mientras que nuestras demandas se han dejado en el cajón burocrático, no podemos los indígenas esperar, mientras los partidos políticos se ahogan en el lodazal y nos aplican su política de "ni los veo, ni los oigo".
Los indígenas Loxichas, seguimos exigiendo al gobierno estatal y federal que cumpla nuestras viejas demandas.
Seguiremos trabajando desde abajo para aportar nuestro pequeño esfuerzo con el fin de que la izquierda nuevamente florezca, lograr que la izquierda se levante de este letargo y siga respirando por ese pueblo excluido y ultrajado. Hacer pues, del trabajo organizativo nuestra principal herramienta de lucha que sirva para que nuevos vientos abonen las flores de la libertad.
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Juan Sosa Maldonado es Vicepresidente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos. Oaxaca de Juárez, Oaxaca (México)
Insurge
Mientras los tempestuosos vientos de descomposición de la clase política siguen arreciando, mientras que los políticos continúan arañándose entre sí, mientras que una parte de la izquierda se sumerge en el mar de las componendas y los amarres burocráticos, los indígenas del país y de Oaxaca nos encontramos en la pobreza y en la exclusión. Así, los usos y costumbres de quienes mal nos gobiernan, pisotean la dignidad de los indígenas y hacen que se impongan sus intereses personales o de grupo a las necesidades del pueblo.
Hoy los diversos sectores de México somos espectadores del show mediático de los que por años sólo se han beneficiado con la fortuna mal habida, de los que han usado la defensa de los desprotegidos para sacar ganancia política, de los que con el tiempo vuelven aparecer a la escena con un lenguaje demócrata y progresista, pero que detrás de ese pelaje está la esencia represiva como la de Diódoro Carrasco Altamirano.
Mientras tanto, los habitantes de la Región Loxicha, siguen viviendo en la extrema marginación y pobreza, mismas que desde 1996, en el sexenio diodorista, se agravaron por la guerra de baja intensidad que se inició contra los indígenas zapotecos por su presunta pertenencia al Ejército Popular Revolucionario, EPR. Aunque el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la Región Loxicha, sugiere la creación de una fiscalía especial para investigar y sancionar a los responsables del etnocidio en Loxicha, de igual modo propone la participación de los tres niveles de gobierno para resarcir los daños a los habitantes y promover el desarrollo integral de la Región.
Y por su parte, el Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, de la ONU, emite recomendaciones puntuales, entre otras, que:
Es urgente revisar los expedientes de todos los presos indígenas en los fueros federal, civil y militar para detectar y, en su caso, remediar las irregularidades.
Deben promulgarse leyes de amnistía general a nivel federal y estatal en beneficio de presos y perseguidos indígenas por sus actividades políticas y/o sociales.
El gobierno debe proceder con urgencia a desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares o civiles armados que operen en regiones indígenas.
Así, los tres niveles de gobierno tienen responsabilidad por comisión y/o por omisión, máxime que la falta de cumplimiento a los compromisos establecidos y el enrarecimiento del clima político nos sitúan a defensores e indígenas en un grave riesgo. Y no debemos seguir esperando, mientras que nuestras demandas se han dejado en el cajón burocrático, no podemos los indígenas esperar, mientras los partidos políticos se ahogan en el lodazal y nos aplican su política de "ni los veo, ni los oigo".
Los indígenas Loxichas, seguimos exigiendo al gobierno estatal y federal que cumpla nuestras viejas demandas.
Seguiremos trabajando desde abajo para aportar nuestro pequeño esfuerzo con el fin de que la izquierda nuevamente florezca, lograr que la izquierda se levante de este letargo y siga respirando por ese pueblo excluido y ultrajado. Hacer pues, del trabajo organizativo nuestra principal herramienta de lucha que sirva para que nuevos vientos abonen las flores de la libertad.
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Juan Sosa Maldonado es Vicepresidente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos. Oaxaca de Juárez, Oaxaca (México)
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